BOLIVIA - Ministerio Público sugiere que justicia comunitaria no tenga jurisdicción total con la Ley de Deslinde Jurisdiccional

Publicado por Fides Potosí, el 15/12/2010 a las 13:32

Ministerio público en Potosí sostiene que de acuerdo a numerosas reuniones se ha sugerido que en la ley de deslinde jurisdiccional se determinen las características de la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia originaria.

El doctor Sandro Fuertes Fiscal de Distrito de Potosí, señaló que es necesario dejar establecido que hay áreas en las que solo tendrá competencia la justicia ordinaria, por ejemplo delitos de narcotráfico.

“La futura ley de Deslinde jurisdiccional tiene que contemplar un capítulo, un acápite específico en la coordinación que tiene que existir entre la justicia ordinaria y la justicia originario, indígena campesina” señaló y agregó que “en este entendido, va a ser el Ministerio Público que en base a sus fiscales de materia y a todo su personal técnico el que preste la cooperación necesaria pertinente y urgente para que las autoridades originarias puedan tomas decisiones sabias que no contravengan derechos constitucionales”.

Señaló que “de acuerdo al último proyecto que se ha analizado con la intervención del ministerio público a nivel nacional, se ha determinado que algunos temas específicos, como ser corrupción, narcotráfico o delitos que atenten contra la libertad sexual tienen que ser tratados única y exclusivamente por la justicia ordinaria. Toda vez que para poder llegar a un resultado técnico y científico en esos temas se necesita la intervención de criterios de lógica, sino también criterios técnico científicos que permitan dar un resultado sin que se afecten derechos y garantías constitucionales”.

El jurista estableció puntualizar las características de la justicia comunitaria, que dados los antecedentes en nuestro país de casos donde ciudadanos tomaron la justicia en sus manos.


COMENTARIO: Como podemos ver, hasta el Fiscal de Distrito de Potosí, que tiene una evidente tendencia oficialista, aclara con criterios técnicos la necesidad de establecer los límites a la justicia comunitaria. Esta justicia ha sido usada en Bolivia constantemente por las comunidades y pueblos indígenas para tomar la justicia por mano propia e incluso asesinar a sangre fría a quienes consideraron que cometieron algún delito. Esto sin duda hay que limitarlo, y las organizaciones internacionales de protección de los Derechos Humanos deberían pronunciarse al respecto.